DERECHOS HUMANOS SUBASTADOS: RADIOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA

 

Teresa López Fernández expone la vulnerabilidad a la que están sometidos los derechos humanos en América Latina a través de la exposición de distintas realidades civiles de los países latinoamericanos, frente a una imparcialidad internacional en la que brilla la apatía.

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El “Centro de Confinamiento del Terrorismo” de El Salvador, el encarcelamiento y más tarde exilio forzado de centenas de nicaraguenses por parte de su propio gobierno o la extensa violencia utilizada en numerosas protestas civiles en Perú, se suman a un cómputo de crisis políticas internas motivadas por sus propios contextos que generan respuestas extremas por parte de los mandatarios de estos países latinoamericanos, que los alejan de lo que se entiende por una democracia asentada. Así, los derechos humanos de sus sociedades pasan a ser juguetes subastados al mejor postor, pues están subordinados a decisiones políticas internas e ignorados en el ámbito internacional, lo que genera posiciones contrarias en el debate político acerca de la intervención por motivos de crisis humanitaria.

La historia no deja de repetirse en un territorio donde la violencia sistemática reclama ser el motor histórico de los pueblos latinoamericanos. Aquí, la respuesta frente a la movilización civil no es sino la represión y violencia, capaz de hacer desaparecer cualquier resquicio de esperanza que tenga la población. El resultado es un estado que absorbe poderes que no siempre le competen y una población aturdida a la que se le prohíbe tener algo que objetar sobre las decisiones que sus gobernantes consideran. Así, la seguridad del mismo estado pasa a primar sobre cualquier derecho, incluso cuando los derechos de las personas se desatienden. Al mismo tiempo, el panorama internacional muestra a los países como meros observadores, y esta impunidad bloquea el principio de intervención humanitaria que figura en la CNU, bien de forma más interna por la falta de efectividad el los sistemas judiciales, o bien por los intereses internacionales que existen (y que buscan tener de su parte a los gobiernos de estos países por motivos comerciales).

En el caso salvadoreño se estimó que la construcción de la cárcel más grande de América resolvería la oleada de violencia del país, después de que el representante aprobara el estado de excepción en el país en marzo del pasado año, sirviendo como pretexto para tomar cuantas medidas fuesen necesarias para atacar de raíz el problema. Así, incluso ciertos derechos fundamentales quedaron sujetos a una clara prioridad de seguridad de estado, pasando por encima de las propias normas del derecho internacional-. La “megacárcel”, levantada en tiempo record, ha hacinado a miles de hombres considerados criminales y bandoleros. Sin embargo, es el estado el que tiene el mando de recluir a cualquier individuo que considere peligroso sin apelar al derecho judicial individual, por lo que se pone en el punto de mira la forma en la que se han postergado los derechos civiles, además de que se combate el conflicto con condena intransigente y pleno hostigamiento, lejos de una visión rehabilitadora y reinsertiva. “El gobierno debe cesar en su actitud hostil contra la sociedad civil y la comunidad internacional y reconocer los terribles efectos de sus políticas para los derechos humanos”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

A su vez, Perú se encuentra en el limbo de la decencia frente a derechos humanos fundamentales como el libre pensamiento o el derecho a la protesta, donde la segunda apela a principios como la libertad de expresión y la reunión pacífica, y es que las crecientes protestas civiles ya alcanzan los 60 muertos. Iniciadas hace meses, el motivo central son las ansias por la destitución de la presidente Boluarte por vulnerar todo tipo de principios democráticos. En especial, la zona sur del país refleja escenarios de constante conflicto entre las fuerzas armadas y protestantes, donde se ha respondido con represión, detenciones y asesinatos arbitrarios y detenciones con violencia. Mientras el uso legítimo de la violencia por parte del Estado emerge desatado en todos sus niveles, cabe preguntarse si ¿Es América Latina el encarnamiento del realismo weberiano y maquiavélico? Con esto, no cabe duda del exceso del uso de la fuerza hacia la sociedad civil y, por tanto, el quebrantamiento de los derechos humanos.

                                                                                                                Pedro X. Molina

Donde también se omite la libertad de expresiónes en Nicaragua, donde se ha encarcelado y deportado a cientos de opositores del gobierno considerados “traidores a la patria” -afirmación que despierta un mensaje extremista cercano a cierta ideología-. Este proceder ya se califica de ser una violación de lesa humanidad, frente a la que un grupo de expertos recurre a la petición de sanciones frente a lo que consideran violaciones del presidente Ortega-Murillo.

En todos estos casos, la responsabilidad internacional de proteger a los individuos que son desprotegidos o, incluso, maltratados por sus propios Estados, es ignorada por motivos de la propia seguridad e interés nacional, de forma que optan por mantenerse neutrales frente a gobiernos capaces de utilizar cuantos medios sean necesarios para alcanzar sus objetivos, o frente a presiones como la potencia americana.

Es de observar que la calma no parece prestarse a ser una de las opciones dentro de un amplio abanico de atmósferas posibles, pero no sólo es preocupante la normalización con la que se trata la actuación estatal a través del uso de la violencia legítima, sino toda la violencia política y social plasmada en cualquier contexto observada con gran indiferencia bajo el ojo internacional pasivo, donde la neutralidad se vuelve una respuesta agresiva frente a tales violaciones de los Derechos Humanos. Todo esto en una tierra acostumbrada al sufrimiento de sus pueblos y del “sálvese quien pueda”.